viernes, 4 de abril de 2014

Los vecinos de Merlo estamos en peligro. Otra cara de la inseguridad




Sobre la incorporación en funciones del oficial Martín Monte, acusado de la desaparición de Luciano Arruga. 



La inseguridad cotidiana que sufren miles de argentinos, es el producto de un conjunto variado de factores socio-económicos. Una de las causas originarias del crecimiento del delito en el país esta estrechamente vinculada a los altos índices de corrupción policial.

La decisión del ministro de seguridad provincial Alejandro Granados de reponer en sus funciones a ocho policías acusados de detener ilegalmente, torturar y desaparecer el cuerpo de Luciano Arruga, expresa un profundo desprecio por las instituciones democráticas y la vida de las personas. Este accionar va en camino de las reiteradas medidas que el gobierno de Daniel Scioli ha tomado en pos de garantizar la impunidad policial, como fruto de sus políticas represivas con los más humildes y concesivas con los responsables del avance del narcotráfico y las actividades ilícitas.

Más allá de estar ahora en "veredas políticamente opuestas", Raúl Othacehe y Daniel Scioli comparten un mismo proyecto de país. Su política de seguridad, más encaminadas a reforzar el poder de las cúpulas policiales,  quedó demostrada en la protección política que han recibido quienes encubrieron y ocultaron pruebas en la investigación del caso Candela, o en la decisión del actual gobernador de abortar la reforma policial, encarada por el ex ministro León Arslanián.

No es posible garantizar la seguridad de la población con una policía ineficiente, de dudosa honradez y que además ha estado involucrada en casos de gatillo fácil y violaciones a los derechos humanos de las personas, tal como sucedió en el en el caso de Luciano Arruga.

Es por eso que desde Libres del Sur expresamos nuestro profundo rechazo a la reincorporación del oficial Martín Monte al destacamento policial de Barrio Pompeya, e instamos a las autoridades locales a rechazar sus tareas en las dependencias policiales del distrito, tal como lo hiciera el vecino Municipio de Morón. Asimismo reiteramos el pedido de inmediato cese de funciones del subsecretario de protección ciudadana, Osvaldo Seisdedos. El pueblo de Merlo no puede ser resguardado por un policía exonerado de la fuerza provincial por corrupción y desapego a las normas democráticas. Su apodo "el desnucador" lo define claramente y lo coloca en las antípodas de lo que pretendemos para el futuro de nuestro país.